Las Iniciativas Populares para la Educación Superior que verá la Constituyente
El miércoles recién pasado la Convención Constituyente aprobó los primeros 10 artículos de la que se espera sea la futura carta magna del país. Cinco de esos artículos pasaron de forma íntegra al borrador de la Constitución que deberá ser aprobada en un plebiscito a mediados de este año. Dentro de los temas que se discutirán y que probablemente pasen a ser parte del texto final, se encuentran las Iniciativas Populares de Norma que fueron presentadas por personas naturales u organizaciones, las cuales tenían como requisito conseguir 15 mil firmas de respaldo para que fueran consideradas. En total se presentaron 2.496 propuestas.
En ese marco, el Consorcio de Universidades del Estado (CUECH), presentó dos iniciativas que consiguieron los apoyos necesarios y quedaron dentro de las 77 que fueron aprobadas y que están pendientes de revisión por la Convención. Se trata de la iniciativa 36.582 o la del Derecho a la educación pública, gratuita, laica y de calidad, la cual reunió 19.529 firmas. Con ésta se busca establecer y conceptualizar el derecho a la educación garantizado para todas las personas que habitan el país; reafirmar la educación parvularia, básica y media como obligatorias; que el Estado provea educación a través de establecimientos propios en todos los niveles de enseñanza y territorios del país; dar rango constitucional a la autonomía académica, económica y administrativa de las instituciones de educación superior; determinar que el ingreso, permanencia y promoción de los estudiantes de educación superior obedecerá únicamente a méritos o causales objetivas, entre otros puntos.
La iniciativa se argumenta en el hecho que la educación ha sido factor esencial en la conformación y desarrollo de la ciudadanía y de las instituciones republicanas. Ya en la Constitución de 1833 se estableció la educación pública como de atención preferente del Gobierno, estableciéndose un plan general de educación nacional. Este interés se reafirma en la carta de 1925, donde se asegura a todos los habitantes del país la libertad de enseñanza y se establece el carácter obligatorio de la educación primaria.
La otra iniciativa es la 36.618 o la de Universidades Estatales al servicio del desarrollo local, regional y del país. Con 17.444 apoyos, esta propuesta busca la creación de normas constitucionales que garanticen la descentralización de las universidades estatales y la coordinación y relación preferente que deben tener con las demás instituciones públicas para contribuir al desarrollo de sus propias funciones y en la elaboración, ejecución y evaluación de políticas y programas de desarrollo nacional y regional. En otras palabras, se busca que se reconozca que las universidades del Estado existen en cada una de las regiones y que funcionalmente deben ser descentralizadas y gozar de autonomía académica, económica y administrativa. Así también, se busca la existencia de una ley que fije un estatuto especial para el cumplimiento de las tareas universitarias.
Acá el argumento se remonta a la creación de la Universidad de Chile, como sucesora de la Real Universidad de San Felipe o el rol que desempeño la Universidad Técnica del Estado desde la década del 50 con la apertura de diversas sedes locales que con el tiempo se volvieron representantes de sus comunidades y fueron protagonistas de avances trascendentales para sus regiones y para todo el país. En 2018, con la creación de nuevas instituciones de educación superior, las universidades estatales avanzaron en reencontrarse con su misión de responder a las necesidades de las regiones y de todo el territorio nacional. Sin embargo, aún falta y de ahí la necesidad de la iniciativa presentada.
